{"id":1566844,"date":"2021-11-20T22:10:10","date_gmt":"2021-11-20T22:10:10","guid":{"rendered":"https:\/\/abogadosres.com\/?p=1566844"},"modified":"2026-05-29T21:52:24","modified_gmt":"2026-05-29T20:52:24","slug":"valoracion-por-abogados-res-del-reciente-auto-c-665-20-del-tjue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abogadosres.com\/en\/valoracion-por-abogados-res-del-reciente-auto-c-665-20-del-tjue\/","title":{"rendered":"VALORACION POR ABOGADOS RES DEL RECIENTE AUTO C-665\/20 DEL TJUE"},"content":{"rendered":"

A la vista del Auto C-665\/20<\/u><\/strong>, de 17 de noviembre de 2021<\/u><\/strong>, puesto en relaci\u00f3n con su anterior STJUE C-125\/18<\/u><\/strong> y las Conclusiones del Abogado General<\/u><\/strong> de 10 de septiembre de 2019<\/u><\/strong>, queremos realizar la siguiente valoraci\u00f3n \u2026<\/p><\/blockquote>\n

\"\"<\/p>\n

1\u00aa.-<\/strong>\u00a0Estamos muy satisfechos de haber llegado casi al final del recorrido que iniciamos hace ya casi 9 a\u00f1os y de que finalmente el TJUE<\/u><\/strong> haya establecido, a trav\u00e9s de su variada Jurisprudencia, las herramientas necesarias para la nulidad por abusiva de la cl\u00e1usula que incorpora el \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> en los contratos suscritos por consumidores, salvo aquellos en los que – como los dedicados a la adquisici\u00f3n de V.P.O. – se ha dado cumplimiento a la recomendaci\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a<\/u><\/strong> en el sentido de aplicar un diferencial negativo a fin de evitar situar el coste de la operaci\u00f3n por encima del coste medio nacional.<\/p>\n

Es verdad que nos ha dejado sorprendidos que el TJUE<\/u><\/strong> rectifique anteriores pronunciamientos en los que ha defendido que el control de abusividad es \u00fanico e implica un juicio de transparencia<\/u><\/strong>, un juicio de buena fe<\/u><\/strong> y un juicio de desequilibrio<\/u><\/strong>, de tal manera que de no superarse los tres, o, dicho de otra manera, de no superarse el primero, el de transparencia, ya no har\u00eda falta continuar con el resto, pues la falta de transparencia implicaba directamente la abusividad. Esta idea de que la falta de transparencia supon\u00eda directamente la eliminaci\u00f3n de la cl\u00e1usula, por abusiva, es la que ha mantenido nuestro Tribunal Supremo<\/u><\/strong> en el caso de la cl\u00e1usula suelo, cl\u00e1usula multidivisa y cl\u00e1usula de renuncia a acciones, por lo que no sabemos qu\u00e9 puede tener de diferente la cl\u00e1usula relativa al \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> para tener este distinto tratamiento, para tener que someterse a un control de transparencia por un lado, y, a continuaci\u00f3n, un control de abusividad propiamente dicho, de tal manera que una cl\u00e1usula incorporada de manera poco transparente puede llegar a resultar v\u00e1lida.<\/p>\n

En cualquier caso, estamos profundamente convencidos de que, pese a ello, si los jueces espa\u00f1oles, olvidando su condici\u00f3n de espa\u00f1oles para comportarse como jueces comunitarios, aplican la jurisprudencia del TJUE<\/u><\/strong> en lo relativo a la buena fe y justo equilibrio de prestaciones entre las partes, tenemos muchas posibilidades de reconducir la actual situaci\u00f3n.<\/p>\n

2\u00aa.-<\/strong>\u00a0El Auto C-665\/20<\/u><\/strong> del TJUE<\/u><\/strong> deja claro que no es contrario al art\u00edculo 5<\/u><\/strong> de la Directiva 93\/13\/CEE<\/u><\/strong> que el contrato no recoja la definici\u00f3n \u00edntegra del contrato o que el profesional no haya entregado el Folleto en el que se recoja la evoluci\u00f3n del \u00edndice los dos a\u00f1os anteriores a la suscripci\u00f3n del contrato siempre y cuando el profesional haya proporcionado la suficiente informaci\u00f3n respecto del modo de c\u00e1lculo del \u00edndice<\/u><\/strong> como para que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda comprenderlo y deducir de ella las consecuencias econ\u00f3micas derivadas de su incorporaci\u00f3n al contrato que suscribe o pretende suscribir.<\/p>\n

Vista la experiencia de decenas de casos en los que hemos interrogado a los profesionales con los que contrataron nuestros clientes, llegamos a la conclusi\u00f3n de que dif\u00edcilmente pudieron dar una explicaci\u00f3n razonable sobre un m\u00e9todo de c\u00e1lculo que han demostrado desconocer totalmente.<\/p>\n

A ello ha de a\u00f1adirse que el Abogado General<\/u><\/strong>, en su Conclusi\u00f3n 2\u00aa<\/u><\/strong>, recordaba la obligaci\u00f3n de los profesionales de informar respecto a elementos como el \u00edndice de referencia, tipo de inter\u00e9s, o tipo TAE, y la diferencia entre ellos, unas diferencias que tampoco han alcanzado nunca a explicar los representantes de la Banca citados a declarar.<\/p>\n

3\u00aa.-<\/strong> De lo dicho se desprende que, bien por falta de incorporaci\u00f3n de la definici\u00f3n del \u00edndice al contrato y ausencia Folleto Informativo, o bien por falta de la adecuada informaci\u00f3n por parte del profesional que supliera las anteriores ausencias, la cl\u00e1usula relativa al \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> habr\u00e1 de reputar falta de transparencia en la pr\u00e1ctica totalidad de casos.<\/p>\n

4\u00aa.-<\/strong> Tambi\u00e9n insiste el TJUE<\/u><\/strong>, en el par\u00e1grafo 30 de su Auto de ayer, en la necesidad de que la entidad bancaria haya cumplido con todas las obligaciones de informaci\u00f3n establecidas por la normativa nacional. A este respecto hemos de recordar que la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994<\/u><\/strong>, de transparencia en la contrataci\u00f3n bancaria, vigente hasta octubre de 2011, establec\u00eda como exigencia imperativa que, en el caso de pr\u00e9stamos por importe menor de 150.000 euros, suscritos por personas f\u00edsicas y en los que la hipoteca reca\u00eda sobre una vivienda, el profesional entregara un Folleto Informativo en el que se recogiera la evoluci\u00f3n del \u00edndice al menos los dos a\u00f1os anteriores y el valor del momento, una Oferta Vinculante, adem\u00e1s de recoger en la escritura la definici\u00f3n completa del \u00edndice, con indicaci\u00f3n de quien lo elaboraba, quien lo publicaba y con periodicidad.<\/p>\n

As\u00ed las cosas, la entrega de ese Folleto resultaba obligada en este tipo concreto de pr\u00e9stamos, de tal manera que, tal y como recoge el art\u00edculo 8.1<\/u><\/strong> de la Ley de Condiciones Generales de la Contrataci\u00f3n<\/u><\/strong>, el incumplimiento de tal obligaci\u00f3n lleva a la nulidad directa de la condici\u00f3n general, sin necesidad de juicios de transparencia, buena fe o desequilibrio.<\/p>\n

5\u00aa.-<\/strong> A todo lo anterior hemos de a\u00f1adir que el art\u00edculo 83<\/u><\/strong> del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios<\/u><\/strong> recoge, a partir de la reforma introducida por la Ley 5\/2019<\/u><\/strong>, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de cr\u00e9dito inmobiliario, que las condiciones generales incorporadas de manera no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores ser\u00e1n nulas de pleno derecho. Es cierto que nuestro Tribunal Supremo<\/u><\/strong>, tras declarar la falta de transparencia de las controvertidas cl\u00e1usulas relativas al \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> incorporadas a los contratos que le ocupan, ha entendido que no proced\u00eda su declaraci\u00f3n de nulidad por cuanto en el momento de suscripci\u00f3n del contrato nuestro ordenamiento no contemplaba expresamente que la falta de transparencia implicara necesariamente su car\u00e1cter abusivo.<\/p>\n

Tal interpretaci\u00f3n ha quedado superada tras el reciente Auto<\/u><\/strong> C-321\/20<\/u><\/strong>, del TJUE<\/u><\/strong>, de 4 de febrero de 2021<\/u><\/strong>, que concluye estableciendo que las modificaciones de las normas nacionales en l\u00ednea con el objeto de la Directiva 93\/13\/CEE<\/u><\/strong>, esto es, la protecci\u00f3n de los consumidores, no solo se aplican a partir de la fecha de la modificaci\u00f3n sino incluso en las relaciones nacidas y constituidas antes de tal modificaci\u00f3n, concretamente a las relaciones nacidas a partir del 31 de diciembre de 1994, momento de entrada en vigor de la citada Directiva en el Reino de Espa\u00f1a<\/u><\/strong>.<\/p>\n

6\u00aa.-<\/strong> En el Auto de ayer, el TJUE<\/u><\/strong> apoya la doctrina de nuestro Tribunal Supremo<\/u><\/strong> cuando entiende que la falta de transparencia no supone directamente la abusividad de la cl\u00e1usula, que \u00e9sta debe someterse a un posterior juicio de buena fe y de desequilibrio, y que incumbe al juez nacional determinar si la cl\u00e1usula supera ese juicio de buena fe y de desequilibrio, eso s\u00ed, siempre de acuerdo con la Jurisprudencia del TJUE<\/u><\/strong>.<\/p>\n

No pasa nada. Habr\u00e1 que someter cada caso a ese juicio de transparencia y buena fe que exige el TJUE<\/u><\/strong>, un juicio respecto del que \u00e9ste no se ha pronunciado en el presente caso porque no se le ha preguntado, pero respecto del que ya se ha pronunciado reiteradamente, resultando de suma importancia que los jueces nacionales dejen de hacer corta y pega de las resoluciones del Tribunal Supremo<\/u><\/strong> y comiencen a aplicar su propio criterio, a riesgo de ser revocados, porque los consumidores tenemos derecho a que un juez resuelva con respecto a su criterio, aunque luego le revoquen, antes de que resuelva por seguidismo incondicional de una instancia superior.<\/p>\n

7\u00aa.-<\/strong> En relaci\u00f3n con el juicio de buena fe, si bien es cierto que nuestro Tribunal Supremo<\/u><\/strong> ya ha establecido que la buena fe se presume en el profesional que ha incorporado un \u00edndice oficial, hay que recordar, y eso debe ser tenido en cuenta por los jueces nacionales, que el concepto de buena fe viene delimitado por la STJUE C-415\/11<\/u><\/strong>, resoluci\u00f3n en la que se establece como criterio para observar la existencia de buena fe por el profesional el hecho de que \u00e9ste, tratando de manera leal y equitativa al consumidor con quien contrata, pod\u00eda entender que \u00e9ste hubiera aceptado esa cl\u00e1usula en el marco de una negociaci\u00f3n individual.<\/p>\n

Y la pregunta, para el caso que no ocupa, ser\u00eda si cabe entender que los clientes, conociendo el m\u00e9todo de c\u00e1lculo del \u00edndice, sus peculiaridades, y las consecuencias econ\u00f3micas derivadas de su utilizaci\u00f3n a\u00f1o tras a\u00f1o, hubiera aceptado la cl\u00e1usula en el marco de una negociaci\u00f3n individual, libre e informada.<\/p>\n

A ello hemos de a\u00f1adir una circunstancia definitiva, y es que el TJUE<\/u><\/strong>, hasta en dos ocasiones, ha dejado claro que la falta de transparencia supone directamente la falta de buena fe del profesional, porque no se puede entender que un profesional que no ha actuado de manera transparente pueda haber actuado de buena fe.<\/p>\n

Y as\u00ed, en su STJUE<\/u><\/strong> asuntos acumulados C-84\/19, C-222\/19 y C-252\/19<\/u><\/strong>, caso Profi Credit Polska<\/u><\/strong>, de 3 de septiembre de 2020<\/u><\/strong>, en su par\u00e1grafo 96<\/u><\/strong> establece que \u201c<\/em><\/strong>En estas circunstancias, habida cuenta de la exigencia de transparencia que se desprende del art\u00edculo 5 de la Directiva 93\/13, no puede considerarse que el profesional pod\u00eda estimar razonablemente que, tratando de manera transparente con el consumidor, este aceptar\u00eda una cl\u00e1usula de ese tipo en el marco de una negociaci\u00f3n\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

Y m\u00e1s recientemente, en su STJUE<\/u><\/strong> asuntos acumulados C-776\/19<\/u><\/strong> y C-782\/19<\/u><\/strong>, de 10 de junio de 2021<\/u><\/strong>, caso BNP Paribas<\/u><\/strong>, en su par\u00e1grafo 102\u00ba<\/u><\/strong>, insiste y reitera que \u201cEn estas circunstancias, habida cuenta de la exigencia de transparencia que se deriva del art\u00edculo 5 de la Directiva 93\/13, no cabe considerar que el profesional pod\u00eda razonablemente estimar que, tratando de manera transparente con el consumidor, este \u00faltimo aceptar\u00eda unas cl\u00e1usulas de ese tipo en el marco de una negociaci\u00f3n individual, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al tribunal remitente\u201d.<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n

De ambas se desprende que no cabe considerar que el profesional que no act\u00faa de manera transparente pudiera entender que el consumidor hubiera aceptado la cl\u00e1usula en los t\u00e9rminos en los que se recoge en el contrato, de haber existido una negociaci\u00f3n libre e individual.<\/p>\n

Finalmente, resulta de gran relevancia un hecho que ha venido pasando totalmente desapercibido, y es que la Comisi\u00f3n Europea<\/u><\/strong>, en sus Observaciones<\/u><\/strong> a prop\u00f3sito del asunto C-125\/18<\/u><\/strong>, y en su apartado 70\u00ba<\/u><\/strong>, entend\u00eda que una pr\u00e1ctica comercial en la que se omite informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se configura el tipo de referencia, cu\u00e1l ha sido la evoluci\u00f3n de dicho tipo en el pasado, as\u00ed como su posible evoluci\u00f3n en el futuro,\u00a0 comparado con otros tipos empleados en el mercado, debe calificarse de enga\u00f1osa<\/u><\/strong>, lo que nos lleva a cuestionar si el comportamiento de un profesional que ha actuado de manera enga\u00f1osa puede considerarse una actuaci\u00f3n de buena fe.<\/p>\n

8\u00aa.-<\/strong> En relaci\u00f3n con el desequilibrio de prestaciones resulta relevante recordar que el Banco de Espa\u00f1a<\/u><\/strong>, en su Circular 5\/94<\/u><\/strong>, de 22 de julio, recuerda y advierte que el simple uso del \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> supone colocar de forma permanente el TAE de la operaci\u00f3n por encima del TAE medio del mercado, y advierte que para evitarlo se hace necesario incorporar un diferencial negativo<\/u><\/strong>.<\/p>\n

En consecuencia, no estamos ante una obligaci\u00f3n, la entidad no est\u00e1 obligada a incorporar un diferencial negativo, pero s\u00ed estamos ante la advertencia de lo que ocurrir\u00eda con la simple utilizaci\u00f3n del \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> y la recomendaci\u00f3n de c\u00f3mo evitarlo, de tal manera que si la entidad, pese a ello, pese a saber que si no coloca un diferencial negativo est\u00e1 disparando el coste de la operaci\u00f3n por encima del coste medio de las operaciones hipotecarias espa\u00f1olas, no aplica ese diferencial negativo, o peor, lo aplica positivo, estar\u00e1 provocado conscientemente un desequilibrio de prestaciones entre las partes contrario a la buena fe.<\/p>\n

Y a partir de esta advertencia y recomendaci\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a<\/u><\/strong>, ahora volver\u00edamos a preguntar, en relaci\u00f3n con la buena fe, si el consumidor, informado de que se le iba a colocar un diferencial positivo, un diferencial que iba a colocar su coste por encima del coste medio nacional, hubiera aceptado referir su contrato al \u00edndice IRPH<\/u><\/strong>.<\/p>\n

A prop\u00f3sito de esta advertencia y recomendaci\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a<\/u><\/strong>, hemos de matizar lo dicho por nuestro Tribunal Supremo<\/u><\/strong> cuando defiende las bondades del \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> en base a que ha sido muy utilizado por las Comunidades Aut\u00f3nomas en sus planes de vivienda protegida, bondad que debemos completar recordando que en esos casos se ha cumplido con la recomendaci\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a<\/u><\/strong>, y se han incorporado diferenciales negativos o porcentajes del IRPH<\/u><\/strong> para evitar que el coste de la operaci\u00f3n se colocara por encima del coste medio y evitar as\u00ed el desequilibrio.<\/p>\n

De esta manera, la normativa estatal reguladora de los Planes de Vivienda 2002 \u2013 2005 y 2005 \u2013 2008<\/u><\/strong>, establec\u00eda como requisito de los pr\u00e9stamos hipotecarios bonificados que el tipo de referencia aplicable fuese el IRPH Entidades<\/u><\/strong> y que el tipo de inter\u00e9s fuera un porcentaje del IRPH Entidades<\/strong><\/u> o que a \u00e9ste se le aplicara un coeficiente reductor<\/u><\/strong>.<\/p>\n

Esta sensibilidad de las Comunidades Aut\u00f3nomas no la han tenido las entidades financieras, de ah\u00ed que los contratos de pr\u00e9stamo para la adquisici\u00f3n de V.P.O referidos al \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> acostumbran a resultar totalmente legales dado que la cl\u00e1usula que incorpora dicho \u00edndice ni genera desequilibrio ni resulta contraria a la buena fe.<\/p>\n

9\u00aa.-<\/strong> Y as\u00ed, cada caso ha de revisarse individualmente, tal y como establece el art\u00edculo 4.1<\/u><\/strong> de la Directiva 93\/13\/CEE<\/u><\/strong>, sin que se pueda declarar todos nulos o todos v\u00e1lidos, como ha hecho nuestro Tribunal Supremo<\/u><\/strong>, ni se puedan presentar demandas seriadas.<\/p>\n

10\u00aa.-<\/strong>\u00a0En cuanto a las consecuencias, entendemos que la expulsi\u00f3n del contrato de la cl\u00e1usula relativa al inter\u00e9s remuneratorio no significa que el contrato de pr\u00e9stamo se torne gratuito, pues ha existido un tiempo de inter\u00e9s fijo, han existido unas comisiones, se ha exigido la apertura de una cuenta por la que se abona un mantenimiento, se ha exigido la contrataci\u00f3n de una tarjeta por la que se cobra una comisi\u00f3n, y se han contratado algunos servicios en forma de seguros, que llevan a que el contrato de pr\u00e9stamo mantenga su onerosidad.<\/p>\n

Queremos llamar la atenci\u00f3n en el hecho de que en el asunto C-125\/18<\/u><\/strong>, relativo a la cl\u00e1usula que incorpora el \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> al contrato, la Abogac\u00eda del Estado Espa\u00f1ol<\/u><\/strong>, tanto en sus observaciones escritas como en su intervenci\u00f3n ante la Sala, solicit\u00f3 del TJUE<\/u><\/strong> que la declaraci\u00f3n de nulidad de la controvertida cl\u00e1usula no llevara el reintegro de cantidad alguna por parte de las entidades, pues entend\u00eda que mantener la vigencia del contrato sin inter\u00e9s ya era suficiente castigo para la entidad, de donde se desprende que la propia Abogac\u00eda del Estado<\/u><\/strong> entend\u00eda posible y as\u00ed lo solicitaba, que el pr\u00e9stamo continuara su devenir sin abonar intereses.<\/p>\n

Y as\u00ed, el par\u00e1grafo 68\u00ba<\/u><\/strong> de la STJUE C-125\/18<\/u><\/strong>, de 3 de marzo de 2020, recoge \u201cDado que la tercera cuesti\u00f3n perjudicial se formulaba para el supuesto de que se declarara la nulidad del IRPH de las Cajas de Ahorros, el Gobierno espa\u00f1ol solicit\u00f3 al Tribunal de Justicia en sus observaciones escritas y orales que limitara los efectos temporales de la sentencia. Ha de precisarse que la petici\u00f3n del Gobierno espa\u00f1ol se basa en la premisa de que, en caso de declaraci\u00f3n de nulidad de cl\u00e1usulas contractuales como la controvertida, el contrato de pr\u00e9stamo subsistir\u00eda sin el abono de intereses\u201d.<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n

 <\/p>\n

11\u00aa.-<\/strong> Pero si el contrato no puede subsistir sin la cl\u00e1usula abusiva, el TJUE<\/u><\/strong> deja claro que el juez est\u00e1 obligado a dar a elegir al consumidor si este opta por la nulidad del contrato con todas sus consecuencias o quiere que el juez aplique un sustitutivo.<\/p>\n

12\u00aa.-<\/strong> En cuanto al sustitutivo, lo que entendemos que no cabr\u00eda nunca es aplicar la Disposici\u00f3n Adicional 15\u00aa<\/u><\/strong> de la Ley 14\/2013<\/u><\/strong>, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores, pues las sustituciones que en ella se contemplan lo son para supuestos de sustituci\u00f3n pac\u00edfica<\/u><\/strong> de los \u00edndices desaparecidos, esto es, buscando el mantenimiento del equilibrio de prestaciones existente<\/u><\/strong>, lo que se concretaba en que la cuota mensual de los pr\u00e9stamos no variara un c\u00e9ntimo tras la sustituci\u00f3n. Sin embargo, este no es el caso que nos ocupa, caso en el que procede la sustituci\u00f3n para evitar la nulidad del contrato y para restablecer el justo equilibrio de prestaciones<\/u><\/strong>, aqu\u00e9l que hubiera existido de no mediar la cl\u00e1usula abusiva.<\/p>\n

Pretender utilizar una norma supletoria que pretende mantener el equilibrio existente cuando lo que se ha de buscar es una recuperaci\u00f3n del equilibrio que debi\u00f3 existir pero que no existi\u00f3 en raz\u00f3n del car\u00e1cter abusivo de la cl\u00e1usula supone un total contrasentido<\/p>\n

En consecuencia, nos vamos a mojar y a defender que la soluci\u00f3n m\u00e1s \u201capropiada\u201d ser\u00eda suplir el \u00edndice IRPH<\/u><\/strong> por el \u00edndice Euribor<\/u><\/strong> y no tocar nada m\u00e1s, dejar el diferencial existente y punto.<\/p>\n

13\u00aa.-<\/strong> Como resumen final, resta decir que \u201cel partido ahora ya se juega en Espa\u00f1a\u201d; que\u00a0 Europa ya ha hablado; y que ahora son los jueces espa\u00f1oles, con las Conclusiones del Abogado General, con la Sentencia de 3 marzo de 2020, y con el Auto de 17 de noviembre de 2021, m\u00e1s la jurisprudencia del TJUE<\/u><\/strong> relativa a las cuestiones respecto de las que no se ha pronunciado expresamente en este procedimiento, quienes han de optar entre resolver de acuerdo a su leal saber y entender, o seguir a pies juntillas al Tribunal Supremo<\/u><\/strong>, diga lo que diga, haga lo que haga.<\/p>\n

 <\/p>\n

El equipo de Abogados Res<\/u><\/strong><\/p>\n

Maite, Jorge, Josemari y Karol<\/u><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\"\"\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

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A la vista del Auto C-665\/20, de 17 de noviembre de 2021, puesto en relaci\u00f3n con su anterior STJUE C-125\/18 y las Conclusiones del Abogado General de 10 de septiembre de 2019, queremos realizar la siguiente valoraci\u00f3n \u2026 1\u00aa.-\u00a0Estamos muy satisfechos de haber llegado casi al final del recorrido que iniciamos hace ya casi 9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1566849,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[52,58,97,63],"tags":[45,39,44,62],"class_list":["post-1566844","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-abogados-res","category-abusos-bancarios-2","category-noticia","category-tjue","tag-abogados-res","tag-abusos-bancarios","tag-irph","tag-tjue"],"acf":[],"yoast_head":"\nVALORACION POR ABOGADOS RES DEL RECIENTE AUTO C-665\/20 DEL TJUE - Abogados RES<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"A la vista del Auto C-665\/20, de 17 de noviembre de 2021, puesto en relaci\u00f3n con su anterior STJUE C-125\/18 y las Conclusiones del Abogado General de 10 de septiembre de 2019, queremos realizar la siguiente valoraci\u00f3n \u2026\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/abogadosres.com\/en\/valoracion-por-abogados-res-del-reciente-auto-c-665-20-del-tjue\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"VALORACION POR ABOGADOS RES DEL RECIENTE AUTO C-665\/20 DEL TJUE - 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